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En audiencia cautelar, la Justicia dispuso la detención preventiva por seis meses del exfiscal general Roger Mariaca, procesado por su presunta vinculación con una organización criminal y protección al narcotráfico.
Por este caso, también fueron aprehendidos y procesados el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta; y el policía Rubén Aparicio, quienes deberán cumplir la misma medida cautelar.
Mariaca será remitido al centro penitenciario de Cantumarca, en Potosí; Zeballos, a El Abra, en Cochabamba; Irusta, a Patacamaya, en La Paz; y Aparicio, a Chonchocoro, también en La Paz, de acuerdo a reportes preliminares.
Durante la audiencia, el juez rechazó la solicitud de Mariaca para ser sometido a un juicio de responsabilidades y determinó que sea procesado por la vía ordinaria, debido a que los delitos que se le atribuyen corresponden a la jurisdicción ordinaria.
Mariaca fue aprehendido el pasado miércoles en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. Según la imputación, el sindicado habría ofrecido una “protección selectiva”, contraviniendo su función de ejercer y liderar la acción penal, y propiciando la injusticia y la impunidad en favor de Sebastián Marset, procesado por narcotráfico en Estados Unidos.
Entre los indicios presentados figuran videos en los que Marset se refiere a Mariaca como “amigo” y señala que este tenía la función de alertarlo. Asimismo, se menciona que Marset habría pagado 500.000 dólares para obtener protección en el país.
Tras conocerse el caso, el exfiscal general fue trasladado a la ciudad de La Paz para ser procesado. Su situación generó un vacío en el Ministerio Público.
Ante esta situación, la Asamblea Legislativa resolvió impulsar la modificación de la Ley 260 del Ministerio Público, con el objetivo de establecer la suspensión definitiva de todo fiscal general que resulte imputado o tenga medidas cautelares por delitos penales, así como la designación de una autoridad interina.
Tras la aprobación del proyecto de ley en las cámaras de Senadores y Diputados y la posterior promulgación de la norma, el Legislativo suspendió a Mariaca y designó a José Armando Urioste Viera como fiscal general del Estado interino.
