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Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
En Bolivia, la gasolina ya no solo sirve para mover autos, sino para encender mentiras oficiales. Desaparecen subsidios, se esfuman millones, aparece combustible “al fiado” sin factura clara y, como premio, la calidad empeora justo cuando el precio sube. El Gobierno pide confianza mientras culpa al pasado, se lava las manos en el presente y deja a los ciudadanos pagando más por un carburante que ni siquiera funciona bien. En este enredo, las excusas abundan, pero la verdad —como la gasolina buena— parece cada vez más difícil de encontrar.
En Bolivia, la verdad sobre los carburantes parece diluirse igual que la gasolina mal mezclada que hoy daña motores, economías familiares y, de paso, la paciencia ciudadana. El discurso oficial del Gobierno no solo es confuso, sino profundamente contradictorio. Y ya se sabe: cuando un gobierno se contradice demasiado, no aclara nada, solo alimenta la sospecha.
La primera gran pregunta es sencilla, casi ingenua, de esas que incomodan al poder:
¿Dónde están los 2.000 millones de bolivianos que YPFB tenía presupuestados para la subvención de carburantes de noviembre y diciembre, inscritos en el PGE 2025?
Porque el dinero no se evapora como gasolina barata… o al menos no debería.
Según el propio Gobierno, el país estaba quebrado, no había recursos y por eso se habría conseguido gasolina y diésel “a crédito” o “al fiado” desde Estados Unidos, una especie de milagro financiero internacional para evitar pagar la subvención. Sin embargo, antes de dejar el cargo, el entonces ministro de Economía del gobierno de Luis Arce habría transferido esos recursos a YPFB para su ejecución.
Entonces surge la duda lógica: si no se usaron para subvencionar carburantes, ¿dónde está ese dinero?, ¿quién lo administra hoy?, ¿por qué nadie rinde cuentas? Tal vez también se mezcló y desapareció, como la gasolina.
La segunda mentira es aún más grave, porque ya no es solo contable, sino técnica y política.
Si realmente nos dieron gasolina y diésel “al fiado”, el Gobierno tiene la obligación moral —y legal— de decirle al país:
¿A cuánto nos cobraron el litro?
¿Cuánto nos endeudamos?
¿En qué condiciones?
¿Y por qué en noviembre y diciembre no hubo problemas de calidad, pero en enero, cuando ya no hay subvención, aparecen todos los defectos posibles?
Aquí surge una ironía dolorosa: cuando el combustible era subvencionado, funcionaba mejor; cuando lo pagamos a precio internacional, resulta que es de pésima calidad. ¿Será que ya no importa quién importa el carburante? ¿Será que ahora no es YPFB sino importadores privados, más preocupados por ganar unos dólares extra que por la calidad del producto que venden?
La realidad es incómoda para el poder. En esos meses hubo gasolina y diésel subvencionados y de mejor calidad que los que hoy se venden más caros y con fallas evidentes. Entonces, ¿cómo se explica que ahora paguemos más por un combustible peor? La respuesta oficial, por supuesto, evita lo esencial.
Todo indica que el Estado sigue recibiendo carburantes bajo condiciones poco transparentes, mientras se eliminó la subvención al pueblo y, aun así, se nos vende gasolina de baja calidad. Lo más indignante es la facilidad con la que el Gobierno intenta lavarse las manos culpando a la gestión anterior, como si el pasado aún manejara las llaves de los tanques.
“El Gobierno deslinda responsabilidad y culpa a la anterior administración por la mala calidad de la gasolina”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Medinaceli, explicando que el nuevo combustible se mezcló con un “producto residual” dejado por el pasado.
Una explicación tan conveniente como insuficiente. ¿De verdad creen que esa frase repara motores dañados y pérdidas económicas?
Mientras tanto, los choferes anuncian demandas por resarcimiento y el Gobierno responde con una “masacre blanca” en YPFB: 360 trabajadores despedidos bajo el argumento de una reestructuración interna. Pero, curiosamente, los que toman decisiones, firman contratos y autorizan compras de combustible de mala calidad siguen bien sentados en sus cargos.
Las preguntas que nadie quiere responder siguen ahí, intactas:
¿Cuánto se está pagando realmente por litro?
¿A quién se le compra el carburante?
¿Quién se está quedando con la diferencia?
YPFB anunció investigaciones internas y controles más estrictos, y el ministro Lupo reconoció fallas en la mezcla de gasolina. Pero reconocer errores después del desastre no es gestión, es apenas un acto tardío de supervivencia política.
Bolivia no necesita excusas ni discursos reciclados.
Necesita verdad, transparencia y responsabilidad.
Porque cuando un gobierno miente sobre algo tan básico como la gasolina que usamos a diario, lo que está en juego no es solo la economía, sino la confianza de todo un país.
