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Por: Willy Chipana Mamani
Este sábado, estuve en el mercado de Villa Dolores y me encontré con mi casera que me vende frutas, a quien le dije que ahora su esposo ganará un salario mínimo de Bs 3.300 por mes. Ella me respondió que su cónyuge es carpintero, no tiene sueldo fijo y gana por trabajo realizado, le retruque, el gobierno informó que va a dar el bono PEPE, pero ella me dijo: “De qué me sirve, si todo ya ha subido con el aumento de la gasolina”.
La situación financiera del país no es nada fácil, después de recibir una economía quebrada por la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), al punto de que las reservas internacionales alcanzaron a octubre de 2025 los $us 3.227 millones, después de haber llegado en 2014 a los $us 15.084 millones. La mala administración tenía que desembocar en un ajuste en los precios de los carburantes, el cual presenta aspectos que se deben tomar en cuenta como son lo social, político y económico.
En lo social
La eliminación de la subvención a la gasolina significó un golpe significativo en la economía de las familias, debido a que los precios de la canasta familiar e insumos, así como del transporte se incrementaron. La gasolina se elevó de Bs 3,74 por litro a 6,96 (86,1%) y el diésel de Bs 3,72 a 9,80 por litro (163,4%).
Las autoridades del gobierno señalaron que la medida permitirá al Estado ahorrar al menos $us 10 millones por día por la subvención y en un año significa más de $us 3.000 millones. Además, la medida genera estabilidad macroeconómica, se reducirá el déficit fiscal y los gobiernos subnacionales percibirán más recursos desde el 2026 por medio del Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEH).
El gobierno de Rodrigo Paz, anunció que desde el 2026, el salario mínimo será de Bs 3.300, lo cual podría causar dos problemas. Primero, la medida no llega al 80% de los trabajadores que están en el sector informal, es decir, de cada 10 empleados sólo se beneficiarán dos; segundo, el aumento significará una presión sobre las empresas privadas que aguantaron la recesión con caída de ventas y restricciones financieras, que puede generar un riesgo para el empleo formal.
Empero, si la eliminación de la subvención a los carburantes no garantiza los suficientes dólares para las importaciones se puede caer en la contradicción de contar con muchos bolivianos y no tener dólares para importar más gasolina y diésel. Ahí hay dos problemas, el primero, el aumento de los precios de los carburantes deberá ser igual a más dólares y, segundo, si la medida empobrece más a los bolivianos de a pie habrá un cambio en el ánimo que lindará con el conflicto social a mediano y largo plazo.
La apertura del mercado a la inversión externa y nacional con el Decreto Supremo (DS) 5503 no generará sus efectos de forma inmediata para solucionar el tema de los dólares, el optar por más crédito es reeditar el libreto del gobierno del expresidente Luís Arce Catacora, razón por el cual el tema de los dólares aún no fue resuelto de forma estructural. Entretanto hay una inflación del 19,9% a noviembre y hasta el 31 de diciembre se estima que llegaría al 25%, lo que devaluará aún más los ingresos de los bolivianos.
A su vez, se percibe que en la población hay una idea de que el ajuste es en el pueblo y se espera que ocurra lo mismo en el gobierno y en el Órgano Legislativo de forma concreta y notoria, lo cual podría derivar en la falta de legitimidad social y política. Entonces, la clase política debe tomar en cuenta que por más buenas sean las medidas, sino existen las señales que pide la población, la medida les puede jugar en contra.
En lo político
El ajuste implementado por la gestión de Paz fue sin acuerdo con las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo cual es importante, más aún si se quiere aplicar el DS 5503 en su integridad. La gobernabilidad social y política es vital para generar certeza y estabilidad económica.
La falta de consenso político puede recaer en observaciones en la ALP y recursos legales ante el Órgano Judicial o el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que tengan como objetivo impedir la aplicación del DS 5503. Esto se debe a que el decreto no sólo hace referencia al tema de la eliminación de la subvención a los carburantes, sino a la atracción de inversión privada, su tratamiento impositivo y administrativo.
La medida abre a un debate, debido a que el gobierno no cuenta con el respaldo del vicepresidente Edmand Lara ni del partido que lo cobijó en las elecciones nacionales que fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC), lo cual coloca a Paz en una situación crítica y refleja que al interior del Ejecutivo hay una crisis y fractura política, pues ambos frentes no forman parte del gobierno.
En lo económico
El denominado “gasolinazo”, en lo económico, se podría convertir en una inflación persistente en el tiempo si las expectativas no encuentran una respuesta concreta como la atención a la demanda de dólares, lo que podría obligar al gobierno a aplicar políticas monetarias restrictivas como el aumento de las tasas de interés al crédito o realizar operaciones de mercado abierto (OMA) para retirar dinero de la economía.
La inflación, es una de las variables que debe cuidarse porque si se aplica altas tasas de interés encarecería el financiamiento y la inversión, así como reduciría el consumo y generaría más crisis. Esta situación podría castigar el empleo y la producción, en medio de un escenario de deflación en los mercados.
La reducción del tipo de cambio del dólar puede ser momentánea si no se resuelve los problemas estructurales de la economía, los cuales se reflejen en el aumento de la oferta de la divisa estadounidense, un control de los precios en los mercados y el aumento de la producción de bienes, así como el aumento de las exportaciones.
El retiro del subsidio a los carburantes es uno de los factores de ayuda a reducir la demanda de dólares por parte del Estado, pero si el nuevo modelo económico que se quiere aplicar no resuelve el problema de productividad para generar dólares será imposible que la macroeconomía se estabilice.
Propuesta
¿Qué propones para hacer frente a la escasez de dólares en las arcas del Estado? Sería la pregunta que haría toda persona cuando se aborda la suspensión de la subvención a los carburantes, lo cual podría generar mayor inflación, pobreza y violencia en sectores sociales vulnerables. Al respecto se plantea lo siguiente:
El gobierno debe entablar consensos políticos con las diferentes organizaciones partidarias con representación en la ALP y sectores de la sociedad para disipar cualquier oposición al DS 5503. Esto se debe a que la mencionada norma no solo se refiere al tema de los carburantes o a los bonos anunciados, sino a un conjunto de medidas que tienen el objetivo de atraer inversión privada, facilidades administrativas y tributarias.
Se debe explicar a la población en detalle sobre el contenido del DS e implementar políticas de empleo seguro en los diferentes sectores de la economía con el ánimo de reducir el desempleo abierto que se concentra en el sector informal que es el 80%. A su vez, la reducción de los salarios en un 50% en todos los niveles del gobierno y en el Legislativo como señal que el ajuste no sólo es en el pueblo, sino también en el Estado.
Asimismo, endurecer las sanciones al contrabando y la corrupción con el objetivo de que lleguen hasta el embargo de los bienes de las personas que cometan el delito y su respectivo remate. La devolución de los dólares a los ahorristas del sistema financiero para crear la confianza y certeza en los actores económicos.
Los mineros cooperativistas, en especial, los del sector aurífero deben pagar impuestos y regalías en proporción a sus ganancias en favor del fisco. En el caso de los auríferos sólo pagan al Estado el 2,5% de regalías, a pesar de que sus ganancias son elevadas, lo cual se demuestra en el regalo de vehículos cero kilómetros a sus afiliados cada fin de año, conforme a lo que se difunde en redes sociales.
Se debe hacer efectivo la redistribución de los recursos económicos del Estado a los gobiernos subnacionales que consiste en el 50/50, así como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 10%. También, la reducción del capital máximo del Régimen Simplificado hasta los Bs 80.000 porque la mayoría de los comerciantes minoristas no poseen capitales más allá de Bs 10.000 o Bs 15.000 como una tienda de barrio.
Finalmente, los agroindustriales deben aumentar el pago de su tributo por hectárea (h) porque en la actualidad asciende a Bs 2 por h, pues este sector genera altas ganancias anuales por la producción de bienes de consumo y se benefició de la subvención de los carburantes, desde la última gestión de gobierno de Hugo Banzer (1999).
Estas pueden ser algunas medidas que pueden ayudar a generar más recursos para el Estado, los cuales pueden ser redireccionados a la inversión pública que generan movimiento económico y empleo directo o indirecto en favor de los bolivianos.
