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Desde el 2023, el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue aprehendido por los delitos de “coimas”, ganancias ilícitas y movimientos millonarios en esa entidad estatal. “Soy inocente”, gritaba mientras era trasladado a celdas de la cárcel de San Pedro en La Paz.
Este jueves, después de dos años, la exautoridad fue sentenciado a 10 años de cárcel.
Además de Santos, estaban involucrados otros funcionarios que fueron delatados por una de sus colaboradoras en aquel entonces. Es así que, Carmelo Valda, exviceministro de Agua Potable, también fue sentenciado a seis años de cárcel por el denominado “caso coimas”.
La decisión fue emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, dentro del proceso iniciado tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023.
El caso “Coimas” fue investigado luego de detectarse una presunta red que recibía pagos irregulares a cambio de contrataciones en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua durante el gobierno del expresidente Luis Arce.
La Dirección de Litigio de la Procuraduría General del Estado informó que la investigación concluyó con una sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios.
El exministro se encontraba detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro desde mayo de 2023, mientras que el exviceministro fue favorecido con detención domiciliaria desde julio de ese mismo año.
La lista de sentenciados la completan Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista, todos con condenas de seis años de prisión. Además de las penas privativas de libertad, los sentenciados quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos o electivos una vez ejecutoriada la sentencia.
El fallo también instruye al Ministerio Público la identificación y el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita.
El exviceministro junto a su sobrino Jhonny Alexander, compraron cinco propiedades en un solo día mientras era autoridad. Viviana Baustisa, en complicidad, también adquirió seis propiedades en tres meses. El caso habría generado un daño económico al Estado superior a Bs 19 millones.
La Procuraduría General del Estado destacó que esta sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado.
