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Por: M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani
Periodista- Docente universitario
El paro del transporte sindicalizado y libre de La Paz desnudó el daño que causó la gasolina de mala calidad en los vehículos públicos y privados, así como el gasto que tuvieron que erogar los propietarios de los carros para la reparación de los motores. Asimismo, la lentitud o la intención de las autoridades del gobierno y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que el problema pase a segundo plano o tratar de echar la culpa a la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), a pesar de que ya pasaron más de 100 días de gobierno de Rodrigo Paz.
Empero, el perjuicio económico por el combustible defectuoso no sólo fue causado a los choferes sindicalizados o personas particulares, sino también a los sectores de servicios, financiero o al aparato productivo que debe transportar y comercializar sus productos en los diferentes centros de abasto. Este problema salió a la luz en febrero y tuvo que pasar un mes para que el gobierno implemente el resarcimiento económico, debido al conflicto generado por los choferes.
Los ejecutivos de YPFB sabían que la gasolina era de mala calidad por la documentación interna que se conoció y que fue denunciada públicamente en febrero de 2026. El 20 de enero de este año, se realizó el muestreo del tanque 105 de la refinería de Palmasola, que tenía un volumen reportado de 10 millones de litros de gasolina.
El análisis técnico que se realizó bajo la solicitud G. Ser Santa Cruz 115/2000-2026, determinó la existencia de 16,4 miligramos de goma por 100 mililitros, a pesar que la especificación máxima permitida es de 5 miligramos por 100 mililitros. Otro informe técnico con el código G. Ser Santa Cruz 116/2000-2026, el cual no fue rechazado ni reconocido por el gobierno correspondió a la cisterna 2120 PKF con gasolina especial Plus, cuyo resultado fue de 14,2 miligramos de goma por 100 mililitros, casi el triple del máximo de lo permitido.
Además, se conoció un audio que no fue aceptado ni rechazado, en el cual el gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB Carlos Alfredo Cuellar Pinto, mencionó que “vamos a decir que son cosas que se vienen de la anterior gestión, producto de la anterior gestión, y vamos a emitir un comunicado”. En el mismo registro del audio Cuellar Pinto, indicó que la información sobre “las gomas”, debía limitarse a un grupo reducido de personas y que se trabajaba en “mejorar el producto por temas de procedimientos”.
Ante esta situación, el presidente Rodrigo Paz, afirmó que el gobierno no dejará impune el caso de la distribución del combustible defectuoso, garantizó que los responsables “van a caer” y apuntó a un boicot. Empero, hasta el momento no cayó nadie ni el gobierno sigue ningún proceso a los presuntos responsables de esta situación porque desde el momento que dijo dichas palabras ya pasó más de un mes (26 de febrero de 2026).
Sobre llovido mojado, el directorio de YPFB aprobó un presupuesto de 20 millones, el cual será destinado al resarcimiento ocasionado por la mala calidad del combustible como si no hubiera responsables en una empresa ni autoridades del área hidrocarburífera conforme a las normas vigentes. Esto se traducirá en que las arcas del Estado recibirán menos $us 20 millones, es decir, menos recursos para escuelas, centros de salud, carreteras, puentes y proyectos productivos porque YPFB pagará la mala gestión de un grupo de ejecutivos, cuya capacidad profesional se desconoce.
En las últimas horas, el gobierno salió con un nuevo argumento consistente en que se detectó que, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, ingresaron al país aproximadamente 5.000 cisternas cargados con al menos 150 millones de litros de combustible mezclados con aceite usado y agua contaminada. El presidente Paz Pereira, atribuyó este hecho a una red criminal dedicada al robo y al sabotaje.
En esta ocasión, el gobierno ya no se refirió al asfalteno ni a la goma que pueda contener el combustible que se comercializó en las estaciones de servicio, pero sí al aceite sucio y agua contaminada. A su vez, resaltó que suspendió los contratos y recibos de gasolina que se habían suscrito con las transnacionales Trafigura y Vitol.
En ese sentido, ¿si el gobierno de Paz Pereira ya tenía conocimiento de este hecho por qué no activó los mecanismos de alerta y control de calidad en toda la cadena de distribución de gasolina y diésel en su momento? ¿Qué acciones realizaron los ejecutivos de la ANH en coordinación con inteligencia para evitar que prosiga el destrozo de los motores de miles de carros? ¿Por qué el Ministerio de Hidrocarburos, los viceministerios del área y YPFB manejaron el discurso de la goma, gasolina desestabilizada o de los tanques no limpios? ¿Por qué las autoridades de hidrocarburos anuncian la suspensión de los contratos de provisión y recibos de gasolina con Trafigura y Vitol, después del daño que se ocasionó? ¿Si ingresaron al menos 5.000 cisternas, por qué no se sancionaron a las estaciones de servicio conforme a las normas vigentes por la venta de combustible en mal estado? Son preguntas que no fueron aclaradas en el transcurso del tiempo.
La posesión de la nueva presidente de YPFB, Claudia Cronenbold, en lugar de Yussef Akly, deja muchas sombras y pocas luces sobre la responsabilidad asumida por los daños ocasionados por el combustible en mal estado. Más aún, cuando el número de beneficiarios de la compensación alcanzó hasta la anterior semana a 2.500, pues la estimación de YPFB era de 2.000, lo cual demuestra que el daño que se ocasionó fue de mayor magnitud.
Es por estos motivos que los responsables del combustible defectuoso o de mala calidad deben ser procesados porque violaron el Parágrafo II del Artículo 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) que obliga al Estado a sustentarse en los valores de transparencia y responsabilidad; los artículos 75 y 76 de la CPE, los cuales establecen el suministro de productos con calidad y que el transporte sea eficiente y eficaz, así como el Art. 232 constitucional que indica que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, eficiencia y resultados.
En ese marco, el ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, los viceministros del área, los ex y actuales ejecutivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los ex y actuales jerarcas de YPFB deberían ser procesados conforme dicta el Código Penal en sus artículos 153 (Resoluciones contrarias a la CPE), 154 (incumplimiento de deberes), 221 (contratos lesivos al Estado), 224 (conducta antieconómica) y 232 (sabotaje). Sin embargo, surge la incertidumbre si habrá la capacidad profesional en el Ministerio Público y en los jueces de investigar y sancionar a todos los responsables porque desde el momento que es posesionado una persona como autoridad asume la responsabilidad de todos lo que ocurra en la institución o empresa estatal.
Está claro que no sólo Carlos Alfredo Cuellar Pinto de YPFB, deberían ser sometidos a proceso legales, sino que también otras autoridades que debieron actuar en prontitud para evitar en su momento que el daño sea inminente. El difundir un nuevo argumento no debe ser óbice ni causa para librar de culpa a las actuales autoridades del sector de hidrocarburos porque el combustible defectuoso se compró a precio de mercado internacional en una estación de servicio autorizada (gasolina litro Bs 6,96 y diésel litro Bs 9,80) y no en el mercado negro.
En este sentido, es menester realizar la institucionalización de todos los cargos en YPFB para que la empresa vuelva operar con personal profesional, calificado, eficiente y no con personas designadas a dedo por una autoridad política o partidaria. El tratar de culpar a la anterior gestión o de vociferar a los vientos, traición a la patria, sabotaje o boicot no da a lugar, debido a que ya pasaron más de 100 días de gobierno como si no se dieran cuentan quienes están a su lado.
Es importante implementar mecanismos de sistemas de transparencia en tiempo real con relación a los contratos de compra de crudo, gasolina y diésel en YPFB, así como de la realización de los actos investigativos para evitar presuntos hechos de corrupción. Esto, es con el objetivo de que la población en su conjunto tenga conocimiento de las acciones comerciales y de inversión que realiza la empresa estatal.
Finalmente, se debe evitar que el Estado pierda $us 20 millones de dólares por la falta de responsabilidad de parte de las autoridades del sector de hidrocarburos que fueron designadas por el gobierno de Rodrigo Paz, desde noviembre de 2025, pues los $us 20 millones que se designarán para resarcir los daños causados por la gasolina “basura” significarán en los hechos menos para inversión pública. Este es el momento para que los órganos Ejecutivo y Judicial generen certidumbre y claridad jurídica a los actores económicos, que las autoridades del actual gobierno sean sometidas a investigación en el marco del derecho positivo por sus acciones cometidas, debido a que la sociedad sufrió perjuicios por el combustible desestabilizado o de mala calidad.
