Por: M.Sc. Willy Chipana Mamani
Periodista-Docente universitario
Este lunes, al caminar por la Calle Comercio de La Paz, vi y escuché la discusión que sostenía una pareja que se centraba en la falta de dinero. La señora junto a su hijo le decía al varón que el dinero que le entregaba cada mes no le alcanzaba, pero el supuesto esposo y padre le respondía que no tenía más porque no hay trabajo.
En segundos me puse triste y pensé en las familias que deben trabajar en las calles como gremialistas porque deben llevar el pan de cada día a sus casas o los que deben realizar trabajos momentáneos por dos o tres meses, pero en la mayoría de los casos, las actividades laborales pasan las 11 o 13 horas diarias. Esta es la realidad en las calles que conlleva muchas causas que si no se lee de forma correcta y oportuna por parte de los que están a cargo de las políticas públicas podrían ser rebasados por la mayoría de la población como pasó con anteriores gobiernos de turno.
Hasta el momento pasaron 150 días del gobierno de Rodrigo Paz, y no hay rastros de una reactivación productiva en todos los sectores de la economía que derive en la generación de empleos directos e indirectos. Esta situación se refleja en la vigorosa economía informal del 80%, donde se incuba y se desarrolla el subempleo, que no conoce ley ni derechos laborales.
El desempleo, es una agenda que no es asumida de forma seria por el gobierno de Paz porque de cada 10 trabajadores ocho no conocen aumento salarial, sus ingresos mensuales son por debajo del salario mínimo nacional (Bs 3.300), trabajan entre 13 y 15 horas diarias, no gozan de vacaciones ni se beneficiarán de una jubilación porque no realizan ningún aporte para ello. Esto es a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que la tasa de desocupación urbana descendió entre el 2020 y el cuarto trimestre de 2025 del 8,4 a 2,3 puntos porcentuales.
Los tópicos señalados de seguro que no serán tratados por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), el gobierno ni por los empresarios para evitarse problemas porque están enfrascados en el tema del aumento porcentual sin ningún estudio serio. Para tocar el desempleo es importante abarcar el tema de la reactivación productiva, que no encuentra propuestas claras en ningún pasillo de los actores mencionados.
El presidente Rodrigo Paz, anunció que se prepara un paquete de proyectos de leyes económicas que serán presentados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que sean analizadas y aprobadas. Entretanto, la clase política vinculada al gobierno debe recordar que la crisis económica sigue latente en las familias y que para realizar aprobaciones o promulgaciones de leyes económicas se deben realizar modificaciones a varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) porque la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) constitucionalizó el modelo económico.
En este sentido, la tardanza en la aplicación de las medidas económicas se refleja en los datos oficiales de la industria manufacturera que registraron una leve caída entre 2024 y 2025 de 124,2 a 123,3 puntos porcentuales, en las ventas de cemento entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 de 342.566 toneladas a 201.091 toneladas, así como en los permisos de construcción en similar periodo de 2.372.005 metros cuadrados (m2) a 1.799.192 m2. En un escenario de altos precios en los alimentos, la producción agrícola casi no tuvo un incremento porque entre 2022-2023 se registraron 21.435 toneladas y en 2023-2024 fue de 23.023 toneladas.
Uno de los sectores generadores de dólares como es el turismo hasta el momento no se benefició de medidas estructurales, a pesar que en toda su cadena se generan empleos directos e indirectos. Esto es a pesar que el número de viajeros extranjeros se incrementó entre 2024 y 2025 de 1.409.972 a 1.602.064.
Está claro que la tardanza en la solución a los problemas del desempleo y de reactivación productiva es porque el gobierno de Paz no cuenta con un plan ni un equipo económico con respuestas inmediatas. Si lo mencionado fuera falso, las medidas gubernamentales ya hubieran sido aplicadas para resolver los inconvenientes mencionados, a través de ajustes estructurales que superen la inestabilidad de la cotización del dólar, el aumento de la inversión extranjera y el aumento en la producción de gas natural.
Lo último que faltaría es que el gobierno de Paz, le eche la culpa a los arcista por dilatar en la aplicación de medidas económicas o a grupos de saboteadores cuando en estos momentos tiene la facultad de dar respuesta a las regiones que demandan de industrialización de los recursos naturales con tecnología de punta. Se debe recordar que los proyectos no se hacen realidad de forma inmediata, sino son de largo plazo que demandan de tres o más años para que generen resultados en empleos y riqueza.
Empero, la lentitud en la aplicación de las medidas económicas podría horadar la legitimidad social y política del gobierno de Rodrigo Paz, que se reflejaría en conflictos sociales o en pedidos de revocatorias de mandato a nivel nacional. Pues, si se confirma la proyección del Banco Mundial (BM) para Bolivia que este año decrecería en -3,2%, la factura política en las calles sería notoria porque el ciudadano de a pie no resistirá el slogan: “Bolivia, Bolivia y Bolivia”.
Esta espera en la aplicación de políticas económicas deriva en que alguien debe financiar el gasto público porque día que pasa el déficit fiscal se mantiene; sin embargo, hay un discurso de echar la culpa al otro y de un triunfalismo que no resuelve los problemas cotidianos de la gente. La inacción gubernamental es un presagio que este año se mantendrá la recesión económica que se refleja en la disminución significativa de la actividad económica.
Los anuncios oficiales de créditos por $us 9.000 millones aún no se concretizaron en proyectos, pero sí se conoció que el Banco Central de Bolivia (BCB) accedió a un crédito de $us 650 millones, para lo cual colocó como garantía las reservas de oro. Lo último, es reeditar la conducta discrecional del manejo de las finanzas públicas que realizó el gobierno masista de Luís Arce Catacora, que derivó en el actual desastre económico.
Hasta el momento, la gestión de Paz muestra una actitud gatopardista que busca realizar cambios o aplicar medidas superficiales, reformas cosméticas o simulaciones de transformación, pero en el fondo no plantea cambios estructurales en la economía que fue diseñada y constitucionalizada por el masismo. Esta actitud política causaría que las futuras medidas serían vanas porque el contexto económico mundial sería otro, por ejemplo, el aumento del barril de petróleo por encima de los $us 100 a causa de la guerra entre Irán e Israel.
Propuesta
En este sentido, es importante la apertura de nuevos mercados y acuerdos comerciales para impulsar las exportaciones porque el saldo comercial a febrero de este año ($us 429,5 millones) es insuficiente. Se deben profundizar los incentivos en toda la cadena del turismo para generar más dólares para el Estado.
También, es importante una mayor reducción del gasto corriente en la administración pública para bajar el déficit fiscal, pues la crisis no sólo la deben asumir los ciudadanos de a pie, sino también las autoridades y funcionarios de los órganos Legislativo y Ejecutivo, a través de la reducción de los salarios en un 50%. Esto puede ayudar en el aumento de la legitimidad social.
Asimismo, el área económica debe asumir con seriedad el impulso al sector agropecuario para incrementar la producción de alimentos con tecnología, lo cual permite aumentar la oferta en los mercados para generar una rebaja en los precios. La norma de conversión de la pequeña propiedad sobre la tierra a mediana no es una medida estructural que pueda permitir resultados que la gente espera.
A su vez, es menester la aplicación de políticas de incentivo para la generación de empleo directo e indirecto en el sector privado con el objetivo de que los trabajadores formalicen su relación laboral en el marco de las normas vigentes. Finalmente, es importante el consenso y el diálogo entre el gobierno con los sectores sociales movilizados y organizaciones políticas con representación parlamentaria para la implementación de políticas económicas, pues las posiciones autoritarias acabarán en el fracaso.

