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Por. M. Sc. Willy Marcos Chipana Mamani
Periodista- Docente universitario
Según el economista Milton Friedman: “Nadie gasta el dinero de otra persona tan cuidadosamente como gasta el suyo”. Estas palabras se relacionan al pliego petitorio que la Central Obrera Boliviana (COB) presentó al gobierno, el cual contempla el pedido de aumento salarial del 20%.
Ante esta situación es menester realizar algunas consideraciones sobre el tema, los cuales tienen relación con las causas y efectos que se vinculan al aumento salarial, a pesar de existir una tradición respecto al anuncio que se realizaba cada 1 de mayo en homenaje al Día del Trabajador.
Primero. El incremento salarial no beneficia a la mayoría de los trabajadores, pues según datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo hasta febrero de 2026 están asegurados en el Sistema Integral de Pensiones (SIP) 2.807.736 trabajadores, lo cual representa el 47% con relación a la población económica activa (PEA) que alcanza a 5.985.494. Las cifras demuestran que de cada 10 trabajadores seis no aportan para su jubilación en función de un salario mínimo nacional (SMN) establecido por norma y realizan sus actividades al margen de la normativa laboral vigente.
El Centro de Estudio para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) en varias ocasiones señaló que de cada 10 trabajadores sólo dos aportan para su jubilación, tienen beneficios laborales y pueden beneficiarse de un posible aumento salarial porque tendrían una relación de dependencia laboral. Empero, ocho personas están al margen del beneficio y desarrollan sus actividades en condiciones precarias.
Segundo. La eliminación de la subvención de los combustibles (gasolina y diésel) y la cotización referencial del dólar por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) causaron la consolidación del aumento de los precios de los productos de la canasta familiar y de servicios, por ejemplo, los medicamentos se elevaron en 50% o más. Asimismo, estos hechos económicos causaron la devaluación de la moneda nacional o la pérdida del valor adquisitivo de los ingresos de los bolivianos de a pie.
En este sentido, en la actualidad $us 100 equivalen a cerca Bs 1.000 y no 696 cuando el dólar se cotizaba en Bs 6.96 porque el valor referencial bordea los Bs 10 en el ente emisor. Entonces, los productos e insumos que se importan no volverán a sus precios originales, por ejemplo, una amoxicilina que valía Bs 1 ahora cuesta entre Bs 1,50 y 2, lo que representa un aumento entre el 50% y el 100%.
Ahora bien, en base a lo mencionado se debe tomar en cuenta que la inflación acumulada a doce meses hasta marzo de este año alcanzó el 15,05%, lo que equivale a decir que el valor de un billete de Bs 100 se reduce a 84,05 porque hubo una devaluación del 15,05%. Si bien, en los primeros dos meses del año, la inflación acumulada a marzo fue del 0,34%, el plantear un aumento salarial del 20% no garantiza que cubrirá todas las necesidades de los trabajadores y de sus familias porque el beneficio no llega a la mayoría y los precios de los bienes y servicios subieron en 50% o más.
Para este cometido es necesario la realización de un estudio socioeconómico que permita conocer cuánto debería ser el SMN para una familia promedio de cuatro personas. La solicitud de aumentos salariales o las decisiones gubernamentales sin un estudio metodológico que exprese solidez en un alza salarial genera desequilibrio y discriminación en el sector de los trabajadores.
Las posiciones expresadas por los dirigentes sindicales de la COB, autoridades del gobierno y de los empresarios no señalan en ningún momento la necesidad de realizar un estudio serio sobre el caso ni cómo afrontar la economía informal (80%), donde no se cumple el pago del salario mínimo nacional ni las ocho horas de trabajo. La prueba de la discrecionalidad se fundamenta en la decisión del gobierno de Rodrigo Paz, quien determinó un aumento salarial del 20% sin ninguna evaluación social y económica.
Entonces, los salarios que perciben los trabajadores formales e informales que se caracterizan por ser asimétricos generan descontento social, lo cual se traduce en demandas reivindicativas y violencia porque los ingresos económicos de muchas familias no solucionan las necesidades básicas como de alimentación o salud.
Tercero. La seguridad jurídica no sólo consiste en garantizar la inversión extranjera o nacional, sino en dar certeza que se cumplirán los tratados y acuerdos internacionales, a los cuales se adscribió el Estado boliviano. En esa línea, el Órgano Ejecutivo, la COB y la patronal deben acordar todo aumento salarial, lo cual no ocurrió con la gestión del MAS ni con la de Rodrigo Paz.
El Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce los tratados y convenios internacionales, lo cual obliga a la gestión de Paz cumplir con dicha disposición, el incumplimiento puede ser causal de una sanción por el control convencional. La actual coyuntura de crisis económica, debería obligar a las partes a actuar con sensatez con relación al tema porque las decisiones no sólo merecen un acuerdo tripartito para determinar un porcentaje, sino que deben responder a estudios socioeconómicos rigurosos de mediano y largo alcance.
Cuarto. Existe la necesidad de una política de Estado en el ámbito laboral que tenga como objetivo la solución al problema de los trabajadores informales o de los que realizan consultoría. Empero, es muy fácil señalar que los empleadores deben cumplir con el alza salarial o emitir un decreto supremo (DS) cuando en los hechos no se cumple ni la Ley General del Trabajo (LGT).
La economía del país en un 80% es informal y las relaciones de trabajo no están al margen de dicha realidad, donde los salarios fluctúan entre Bs 1.000 y Bs 1.500 al mes por 12 o 15 horas de trabajo de lunes a domingo, no hay vacaciones ni aumento salarial, lo cual se confirma en los avisos de requerimiento de trabajo que se publican en la Plaza Juana Azurduy de Padilla de El Alto o en la Ramada en Santa Cruz. Entonces surge la pregunta: ¿Qué se debe hacer para revertir esta situación de trabajo informal? ¿Qué acciones o medidas adoptó el gobierno para establecer una política de Estado sobre el tema? ¿La reactivación productiva será necesaria y cuánto tiempo demandará la solución al problema? ¿Las autoridades de gobierno estarán con la decisión política de revertir el trabajo informal? ¿El actual Ministerio de Trabajo es una institución sin valor alguno cuando el 80% de los trabajadores están en el sector informal?
Quinto. La actual coyuntura de crisis económica demanda de respuestas inmediatas que hasta el momento el gobierno de Rodrigo Paz no las realizó, lo cual demuestra la falta de un programa y un equipo económico serio que busque soluciones estructurales a la crisis económica, pues la eliminación de la subvención a los carburantes o de algunos tributos como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) no son suficientes.
Es menester el cambio del modelo económico por uno que sea productivo, el cual no sólo genere empleos seguros y con salarios dignos, sino que aumente la oferta de valor agregado con la aplicación de tecnología en todos los sectores de la economía como el agropecuario. En la medida que aumente la productividad, se incrementa la demanda de trabajadores mejorando los niveles de vida de ellos y de sus familias.
Para este cometido, es necesario la derogación de varios artículos del capítulo económico de la Constitución Política del Estado (CPE) porque el actual modelo económico fue constitucionalizado por el MAS. También, la diversificación del aparato productivo sólo será posible con la participación del sector privado nacional y extranjero, la implementación de los incentivos tributarios a los empleadores para la generación de empleos formales permitirá reactivar la demanda y la oferta de mano de obra calificada y no calificada.
La atracción de inversión externa, a través de la promulgación de una nueva ley de inversiones que tenga como objetivo la creación de empleos seguros debe ser la prioridad. Está claro que la tendencia de la situación económica en el país es a una mayor informalidad y una incertidumbre en los agentes económicos que no observan ni un destello al final del túnel, después de las proyecciones de crecimiento económico que fueron dados a conocer por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año que está en al menos el -3%.
