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Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
La reciente aprobación del proyecto de Ley 157 en la Cámara de Senadores ha encendido una profunda alarma en el país, pues bajo el discurso de una supuesta “reforma agraria moderna” se esconde una de las medidas más regresivas para el campo boliviano en los últimos 150 años, comparable incluso con los abusos cometidos durante la época de Mariano Melgarejo. Esta norma, impulsada por sectores ligados al gran capital agrario, habilita la conversión de la pequeña propiedad campesina —que abarca entre 1 y 50 hectáreas y representa el resultado histórico de la Revolución de 1952— en propiedad mediana y empresarial, abriendo la puerta a su venta y afectando aproximadamente a 9,7 millones de hectáreas en todo el país. Lejos de atacar el latifundio improductivo, la ley golpea a las tierras productivas que sostienen a la mayoría de los campesinos y comunidades rurales, poniendo en riesgo la organización comunitaria, la seguridad alimentaria, el tejido social del campo y empujando a miles de familias a la pobreza y la migración, mientras permite que antiguos fraudes agrarios y concentraciones ilegales de tierra, especialmente en regiones como Santa Cruz, sean legalizados bajo el argumento engañoso de beneficiar al campesinado.
Bolivia parece condenada a tropezar una y otra vez con la misma piedra. La reciente aprobación del proyecto de Ley 157 en la Cámara de Senadores no es solo una mala noticia para el campo: es un retroceso histórico que nos devuelve, sin exagerar, a los tiempos de Mariano Melgarejo, cuando la tierra se entregaba a los poderosos y se despojaba a las comunidades bajo el disfraz de la legalidad.
Se nos quiere vender esta norma como una “reforma agraria moderna”, supuestamente pensada para beneficiar al campesino pobre, permitirle acceder a créditos, invertir, “progresar”. Pero basta rascar un poco el discurso oficial para que se caiga la máscara: la Ley 157 no es una reforma agraria, es una contrarreforma. Y no es para los campesinos, sino para el capital agrario.
Una reforma agraria, en sentido histórico y social, implica transformar la estructura de la propiedad de la tierra para democratizarla, para combatir el latifundio improductivo y garantizar justicia social. Esta ley hace exactamente lo contrario. No toca al viejo latifundio, ese que ha concentrado tierra y poder durante décadas. En cambio, apunta directamente al corazón del campo boliviano: la pequeña propiedad campesina.
Según datos oficiales, la ley afectaría a alrededor de 9,7 millones de hectáreas, es decir, a la mayor parte de las tierras productivas del país que hoy están en manos de pequeños productores. Propiedades que van de 1 a 50 hectáreas, surgidas de la Revolución Nacional de 1952 y organizadas, en su mayoría, en comunidades campesinas. No se trata solo de tierra: se trata de una forma de vida, de producción, de organización social.
La Ley 157 habilita la conversión “voluntaria” de la pequeña propiedad en propiedad mediana, abriendo la puerta a su venta. En el papel, parece una decisión individual. En la realidad, es una trampa estructural. ¿Qué pasa cuando un campesino enfrenta una riada, una sequía o un mal año agrícola? Pasa lo de siempre: se endeuda, pierde capacidad de producción y queda a merced del mercado. En ese contexto, la “libertad” de vender la tierra no es libertad, es coerción económica.
Las consecuencias son previsibles y devastadoras: mayor migración campo–ciudad, crecimiento de los anillos de pobreza urbana, ruptura del tejido comunitario y un grave riesgo para la seguridad alimentaria del país. Bolivia no se alimenta de monocultivos empresariales, sino del trabajo de miles de pequeños productores que sostienen los mercados locales y regionales.
Los ejemplos sobran. En Tarija, la economía del vino depende de campesinos con pequeñas parcelas que proveen uva a las bodegas. Con esta ley, esos productores serán empujados a vender barato, a quebrar o a perder sus tierras mediante mecanismos “legales”. Lo mismo ocurrirá en los valles fértiles de Cochabamba, donde la agricultura familiar ha sido clave durante décadas. No se trata de desarrollo: se trata de reconstituir la hacienda, ahora con lenguaje neoliberal.
El argumento oficial insiste en que la ley permitirá al campesino acceder a créditos bancarios, comprar maquinaria, “volverse más grande”. Suena convincente, hasta que se observa quiénes son los verdaderos impulsores de la norma. No son los representantes del pequeño productor, sino figuras ligadas históricamente al gran empresariado agroindustrial.
Y ahí está el núcleo del problema. En Santa Cruz existen millones de hectáreas tituladas fraudulentamente como pequeña propiedad, cuando en los hechos son unidades agroempresariales mecanizadas, sin familias campesinas, que movieron y mueven millones. Durante años se disfrazaron de pequeños propietarios para burlar la ley y evitar la fiscalización ambiental. Hoy, con la Ley 157, buscan “blanquear” esos procesos viciados, legalizar delitos agrarios y borrar huellas incómodas mediante una simple solicitud administrativa.
Por eso esta ley beneficia a pocos y perjudica a muchos. El campesino es usado como cortina de humo. Su nombre sirve para justificar una norma hecha a medida del capital agrario, que pretende apropiarse de tierras que valen millones bajo el discurso de la lucha contra la pobreza.
Lo que está en juego no es menor. Se están poniendo en riesgo más de 70 años de conquistas sociales, de luchas por la tierra y el territorio, de construcción comunitaria en el campo boliviano. La Ley 157 no es progreso: es despojo. Y como tantas veces en nuestra historia, el precio lo pagarán quienes menos tienen, mientras unos pocos celebran la concentración de la tierra como si fuera modernización.
La pregunta ya no es a quién beneficia esta ley. Eso está claro. La verdadera pregunta es si como sociedad estamos dispuestos a aceptar, otra vez, que el campo boliviano sea sacrificado en nombre de la ganancia.
