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Por: M.Sc. Willy Chipana Mamani
Docente universitario- Periodista
El economista Warren Buffet, dijo: “El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes”. El postulado se vincula a la venta de combustible de mala calidad que perjudicó a muchos propietarios de vehículos, así como la compra de petróleo supuestamente con sobreprecio que pone nuevamente en el ojo de la tormenta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Ministerio de Hidrocarburos.
En el primer caso, las denuncias realizadas por los conductores del transporte público encontraron su eco cuando el ministro de la Presidencia José Luís Lupo, reconoció la venta de gasolina de mala calidad. Este hecho permitió conocer mayores detalles sobre las causas y los efectos de esta situación.
Un análisis técnico realizado determinó la presencia de asfalteno en el combustible, que es un compuesto pesado derivado del petróleo que se activa y se adhiere a las piezas del motor al alcanzar altas temperaturas, Las autoridades de YPFB, ANH y del Ejecutivo echaron la culpa a la gestión de Luis Arce Catacora por no realizar los controles de calidad. Empero, se violaron los derechos de los usuarios y consumidores establecidos en los artículos 75 y 76 de la Constitución Política del Estado (CPE), los cuales establecen el suministro de productos con calidad y que el transporte sea eficiente y eficaz.
Además, se identifica inicialmente el incumplimiento de deberes conforme al Artículo 154 del Código Penal, el cual señala lo siguiente: “La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años”. Asimismo, las autoridades del gobierno de Rodrigo Paz, vulneraron los principios de ética y transparencia establecidos en la Ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues se infringió el Artículo 26 de dicha norma que sanciona el uso indebido de bienes del Estado, que “sufriere deterioro, destrozos o pareciere”, la pena será de tres a ocho años y la “reparación del daño causado”.
Esta situación deriva en que muchas autoridades de las entidades públicas señaladas deberían ser sometidas a procesos legales por existir responsabilidad civil, administrativa y penal porque al posesionarse en sus cargos asumieron de forma inmediata los efectos legales por sus acciones, así sean por dolo o culpa. Los afectados por el combustible en mal estado pueden iniciar una acción penal en contra de los responsables, así como el Ministerio Público porque los delitos cometidos son de orden público, pero surge el dilema, si existirá la voluntad para hacerlo.
Los ejecutivos de YPFB indicaron que al menos 2.000 vehículos fueron afectados por el combustible en mal estado y anunciaron la aplicación de un “seguro solidario” para resarcir el daño causado; sin embargo, los propietarios de los carros públicos y privados erogaron hasta Bs 30.000 para la reparación de los motores. Se debe resaltar que la reparación de los vehículos no sólo demanda de un gasto económico, sino también deriva en un perjuicio por los días no trabajados.
En la actualidad el precio de la gasolina y del diésel se comercializan a precio internacional, lo cual faculta a los consumidores activar los artículos 371, 373, 374 y 383 el Código de Comercio Ley 14379. El atribuir la responsabilidad al anterior gobierno por el combustible en mal estado, después de 90 días de gestión gubernamental refleja falta de profesionalismo y de conocimiento de la norma legal vigente con relación a la comercialización de combustibles.
Sobre llovido mojado, en los últimos días se conoció la suscripción del contrato firmado entre YPFB y la transnacional Trafigura para la provisión de petróleo a un precio más alto al que se compraba a la empresa Botrading. Según la denuncia que se difundió, YPFB pasó de pagar $us 9,10 a Botrading a $us 20,88 por barril puesto de Pocitos (Yacuiba) y de $us 18,41 a $us 22,88 por barril de crudo en Arica (Chile). La operación comercial causaría un daño económico al Estado de cerca de $us 4.000.000 al mes.
Al respecto, las autoridades de YPFB y del gobierno señalaron que la información es falsa y negaron que se haya firmado un contrato con Trafigura y aclararon que el proceso está en revisión. A su vez, anunciaron procesos legales para preservar la verdad, el buen nombre y los intereses de los bolivianos, a pesar de que la diputada de la alianza Libre, Lissa Claros, y varios medios de comunicación propagaron un contrato suscrito entre YPFB y Trafigura.
El caso descrito pone en vilo el Parágrafo II del Artículo 8 de la CPE que obliga al Estado a sustentarse en los valores de transparencia y responsabilidad, así como el Art. 232 que indica que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, eficiencia y resultados. Esto, es sin contar el incumplimiento de deberes establecido en el Código Penal y los delitos señalados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La empresa YPFB no para en generar información sobre presuntos hechos irregulares y escándalo, desde la gestión gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) como los casos Catler, los taladros chinos o Botrading. El presidente Rodrigo Paz, al momento de asumir el gobierno prometió lucha frontal contra la corrupción y transparencia, lo cual pone a prueba ahora los compromisos realizados con los bolivianos.
A su vez, el vicepresidente Edmand Lara, formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del presidente de YPFB, Yussef Akly, a quien lo acusa de la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado e incumplimiento de deberes por haber suscrito el contrato con Trafigura, en el que se habría detectado irregularidades y un sobreprecio de cuatro millones de dólares.
Ambos hechos, demuestran que las entidades estatales que están a cargo de la cadena hidrocarburífera deben someterse a un proceso de institucionalización que consiste en la designación de personal que sea profesional, especializado en el área y alejado de toda influencia partidaria, lo que hasta el momento no se cumplió. En la actualidad persiste una imagen consistente en que se repiten las acciones que se aplicaban durante las gestiones del MAS, que se caracterizaban por la designación de cargos en función del partido político, la amistad o el compadrerio.
Otro factor importante es la transparencia en el manejo de la cosa pública, así como la información clara y oportuna para la población para disipar dudas y discrepancias. Pues, el trabajo institucional y la transparencia deben derivar en el cumplimiento de las labores en el marco del derecho positivo, donde cada uno de los servidores públicos cumplan su función para lo cual fueron designados.
Finalmente, los hechos ocurridos en YPFB expresan que ningún gobierno está alejado de hechos de corrupción o bullicio en dicha empresa estatal, lo cual ubica a Bolivia en el puesto 133 de 136 países más corruptos, según el informe 2025 de Transparencia Internacional. La renuncia de la directora de la ANH, Margot Ayala, no la exime de la responsabilidad legal por los problemas existentes en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
