RPK Noticias 
Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economías Política Boliviana
En medio de un escenario económico marcado por déficit fiscal, endeudamiento creciente, denuncias de sobreprecios en la importación de combustibles a través de YPFB y una fuerte presión inflacionaria tras la eliminación de subsidios, el gobierno de Rodrigo Paz impulsa un paquete de Leyes que combina perdonazos impositivos, apertura a importaciones y alivios sectoriales. Sin embargo, detrás de las medidas técnicas subyacen problemas estructurales más profundos: una economía dependiente del endeudamiento externo, un aparato productivo debilitado, tensiones entre el sector público y privado, y crecientes cuestionamientos sobre transparencia y equidad en la distribución de los beneficios.
En tiempos de estrechez fiscal, toda reforma tributaria se presenta como tabla de salvación. El nuevo paquete de decretos y proyectos de ley impulsados por el gobierno de Rodrigo Paz apunta, en esencia, a dos objetivos: aliviar la carga de los contribuyentes y generar liquidez inmediata para el Estado. Sin embargo, detrás del discurso de “orden y reactivación” se despliega un entramado de decisiones que merece un análisis crítico.
El corazón de la reforma: perdón y regularización
La primera medida —y la más llamativa— es el perdonazo impositivo para deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2017. El argumento técnico es claro: la normativa tributaria solo permite procesos de fiscalización hasta ocho años atrás. En consecuencia, se establece un corte temporal que evita conflictos jurídicos y abre la puerta a una amnistía masiva.
Para deudas entre 2018 y la actualidad, la lógica cambia. No se perdona el tributo omitido, pero sí se eliminan multas e intereses, que en muchos casos podían inflar la deuda hasta en un 60%. Se otorgan además 120 días para acogerse al beneficio y hasta 24 meses para regularizar pagos. Es una medida pragmática: convierte cartera incobrable en flujo efectivo.
En teoría, el esquema beneficia a pequeños comerciantes, consultores, empresas de servicios y emprendedores asfixiados por sanciones acumuladas. También se modifica un punto sensible: la deuda tributaria deja de ser heredable de manera indefinida, reduciendo la presión sobre familias que cargaban pasivos fiscales de generaciones anteriores.
Desde el punto de vista técnico, la norma puede ampliar la base tributaria y formalizar actividades hoy sumergidas. Pero políticamente, el antecedente pesa: el primer intento de perdonazo del actual gobierno fue percibido como favorable a grandes contribuyentes, generando desconfianza en sectores populares.
Soya sin arancel: equilibrio o privilegio
Otro eje clave es el arancel cero para la importación de soya hasta fin de año. La medida busca compensar el alto costo interno del grano —que habría superado los 565 dólares por tonelada— permitiendo importar desde países vecinos a precios más bajos.
Empresas como Gravetal, Nutri Oil y Alicorp operaban por debajo de su capacidad de molienda. Con la liberación arancelaria podrían alcanzar niveles óptimos de producción, generando mayor oferta de aceite y harina.
La ecuación parece virtuosa: el productor exporta a mejor precio y el industrial importa más barato. Pero la crítica surge cuando se observa que el sector agroindustrial ya goza de beneficios impositivos relevantes. ¿Es un ajuste coyuntural necesario o una concesión estructural a un sector con fuerte peso político?
El trasfondo energético y el Decreto 5548
El decreto 5548 —que habilita a mayoristas a importar de petroleo usando infraestructura de YPFB— se presenta como apertura y competencia. Sin embargo, su origen está atravesado por denuncias de sobreprecios en la importación de petróleo y diessel.
En lugar de centrarse en responsabilidades políticas o administrativas, la estrategia oficial ha sido liberalizar temporalmente el mercado. La pregunta es inevitable: ¿se trata de una corrección estructural o de un movimiento táctico para desactivar una crisis mediática?
La eliminación de la subvención a los combustibles, por su parte, era una medida anticipada por analistas de distintos sectores. El ajuste inflacionario —83% en gasolina y 160% en diésel según estimaciones difundidas— fue doloroso pero considerado inevitable ante el déficit fiscal.
Endeudamiento y horizonte productivo
El tercer eje crítico es el endeudamiento acelerado. La deuda pública se aproxima al 57% del PIB, y nuevos créditos internacionales amplían compromisos futuros. Sin una reactivación profunda en hidrocarburos, minería y exploración energética, la sostenibilidad de ese endeudamiento queda en entredicho.
La apuesta gubernamental privilegia al sector privado como motor de crecimiento. Pero la interrogante de fondo permanece: ¿puede el Estado depender del dinamismo privado sin fortalecer simultáneamente su propia capacidad productiva y recaudatoria?
Balance preliminar
Los primeros 100 días de Rodrigo Paz combinan audacia y controversia. El paquete impositivo ofrece alivio real y puede generar ingresos inmediatos. El arancel cero busca sostener al agroindustrial. La apertura en combustibles intenta responder a cuestionamientos.
Sin embargo, el trasfondo revela tensiones: percepción de favoritismo sectorial, endeudamiento creciente y dudas sobre la transparencia en el manejo energético.
Las medidas pueden ser técnicamente defendibles. El desafío es político: construir confianza. Porque en economía, como en política, no basta con cuadrar números; es imprescindible convencer a la ciudadanía de que el ajuste no es selectivo, sino equitativo
