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Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
¿Está el Estado cediendo un recurso estratégico como el gas natural para beneficio del sector privado? Con la implementación del Decreto 5598, surgen dudas inevitables: ¿quiénes serán realmente los beneficiados de esta apertura energética y quiénes comprarán el gas en este nuevo esquema? ¿Las empresas privadas estarán obligadas a invertir en nueva infraestructura o simplemente utilizarán las instalaciones y el personal de ENDE para generar y comercializar electricidad obteniendo ganancias? En términos concretos, ¿terminará la población asumiendo el costo de esta transformación mediante un ajuste que podría acercar el precio del gas y la electricidad a niveles internacionales? Y, en ese escenario, ¿por qué no fortalecer a ENDE como empresa estratégica para que sea el propio Estado quien exporte energía y canalice directamente esos ingresos al Banco Central, en lugar de permitir que intermediarios privados capturen esos beneficios mientras la ciudadanía enfrenta tarifas más elevadas?
La reciente aprobación del Decreto 5598 marca un punto de inflexión en la política energética boliviana. Presentada por el Gobierno como una medida para atraer divisas, fortalecer la integración regional y aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional, esta norma abre la puerta a la participación del sector privado en la importación y exportación de electricidad, además de reactivar la autogeneración industrial mediante el uso de gas natural.
Sin embargo, más allá del discurso oficial, surgen interrogantes fundamentales sobre quiénes serán los verdaderos beneficiarios de esta transformación y cuáles serán sus efectos sobre la economía nacional y la población.
Uno de los aspectos más sensibles es el acceso al gas natural, históricamente subvencionado por el Estado boliviano. Bajo el nuevo esquema, las empresas privadas podrán adquirir gas para generar su propia electricidad o comercializarla, lo que plantea una tensión evidente: un recurso estratégico, sostenido con recursos públicos, podría terminar beneficiando a actores privados que operan bajo lógicas de mercado.
En este contexto, surge una pregunta clave: ¿quién compra el gas y a qué precio? Si las industrias acceden a este recurso en condiciones preferenciales, podrían generar energía a menor costo para su propio consumo o incluso para exportación, consolidando ventajas competitivas frente al resto de la economía. Mientras tanto, el Estado podría verse presionado a reducir progresivamente la subvención, trasladando el costo real del gas hacia la población.
Otro punto crítico es la infraestructura. El decreto no deja del todo claro si las empresas privadas estarán obligadas a realizar inversiones significativas en generación, transmisión o distribución eléctrica, o si, por el contrario, podrán operar utilizando la infraestructura ya existente del sistema estatal. De ser esto último, se configuraría un escenario en el que el Estado asume los costos históricos de inversión, operación y mantenimiento, mientras que los privados capturan una parte relevante de los beneficios del negocio energético.
Esto lleva a cuestionar el rol de la empresa estatal eléctrica. Si el país ya cuenta con una estructura consolidada, ¿por qué no fortalecer su capacidad operativa, mejorar su eficiencia y permitirle liderar directamente la exportación de electricidad? Bajo una lógica de mayor control estatal y reingeniería institucional, los ingresos generados podrían canalizarse directamente hacia las arcas públicas, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica sin necesidad de intermediación privada.
Desde una perspectiva crítica, el riesgo principal radica en una posible “socialización de costos y privatización de beneficios”. Es decir, el Estado podría continuar subsidiando el gas y sosteniendo la infraestructura, mientras que el sector privado aprovecha estas condiciones para generar rentabilidad, ya sea exportando energía o reduciendo sus propios costos productivos.
En cuanto al impacto sobre la población, uno de los temores más extendidos es el eventual incremento en las tarifas de energía. Si el proceso de liberalización deriva en una alineación progresiva con precios internacionales, el costo del gas podría aumentar significativamente, arrastrando consigo el precio de la electricidad. Aunque un incremento del 400% no es un escenario inmediato ni automático, sí refleja el temor de fondo: que el ajuste recaiga principalmente sobre los consumidores finales.
En síntesis, el Decreto 5598 abre oportunidades, pero también plantea desafíos estructurales. La clave estará en el diseño de la regulación: establecer reglas claras sobre acceso al gas, obligaciones de inversión, uso de infraestructura estatal y mecanismos de redistribución de beneficios. Sin estos elementos, el riesgo no es solo económico, sino también político y social.
El debate de fondo no es únicamente técnico, sino estratégico: definir si la apertura energética será una herramienta para fortalecer al Estado y beneficiar al conjunto de la sociedad, o si terminará consolidando un modelo en el que los recursos públicos sostienen la rentabilidad privada mientras la población asume los costos del ajuste.
