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Por: M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani
Periodista-Docente universitario
El economista José Luís Sampedro, mencionó lo siguiente: “Hay dos clases de economistas; los quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres”. El razonamiento se relaciona a las últimas decisiones asumidas por el gobierno de Rodrigo Paz, que no se logran entender por dónde se quiera observar.
Es bueno recordar que el presidente Paz y las autoridades del Ministerio de Economía, reiteraron hasta el cansancio que “no hay plata” en las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN) para otorgar aumentos salariales, bonos u otros beneficios económicos. Incluso, conminaron a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) para que decidan a que sector se reducirá su presupuesto si quieren un alza salarial.
Sin embargo, en medio de una “crisis económica” el gobierno promulgó el Decreto Supremo (DS) 5620, que dispone el “Pago de Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía Boliviana” de un bono de Bs 3.000 para cada funcionario de dicha institución. La Policía Boliviana cuenta con al menos 37.000 efectivos a nivel nacional, lo que quiere decir que el Estado erogará unos Bs 111 millones para el cumplimiento del DS.
La decisión asumida por el gobierno es contradictoria con relación a que el Estado no cuenta con recursos económicos porque los Bs 111 millones que se destinarán para pagar el bono a los policías significa menos presupuesto para inversión pública y un aumento del gasto corriente. Son estas acciones lo que mantienen vigente el déficit fiscal y expresa una vez más que la gestión de Rodrigo Paz prosigue con los errores.
Sobre llovido mojado. La gestión de Paz, en su desesperación por desmovilizar el conflicto social emitió el DS 5618 que perdona la deuda contraída por la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) ante la Caja Nacional de Salud (CNS) por al menos Bs 96,1 millones por las gestiones 2016 al 2025. Esta deuda condonada se refería al aporte del 10% que las cooperativas mineras no desembolsaron al seguro delegado, el cual es fiscalizado por la CNS.
El decreto es el resultado de la negociación sostenida entre el gobierno y los dirigentes cooperativistas que instruye a la CNS dejar sin efecto las notas de cargo que ya habían sido emitidas en contra de ambas instituciones, pues Ferreco RL tenía una deuda de Bs 60,5 millones y Fecoman RL de Bs 35,8 millones.
Además, ambas partes acordaron el suministro de diésel para las cooperativas mineras a un precio (subvencionado) de Bs 3,72 el litro. ¿Estas son demandas razonables para el gobierno o son de conveniencia para algunos grupos corporativos? ¿El Estado tiene plata o no como para crear bonos o perdonazos de deudas a instituciones públicas? ¿Las cooperativas mineras auríferas realmente aportan al fisco en proporción a lo que ganan? ¿Qué hizo el gobierno de Rodrigo Paz para ejercer un control a las cooperativas mineras auríferas en cuanto a su producción y comercialización del oro? ¿También los sectores movilizados como los campesinos pueden pedir gasolina y diésel subvencionado a Bs 3,72 el litro?
En la reunión entre el gobierno y los cooperativistas mineros no se habló con relación al pago proporcional de impuestos y regalías, pues en la actualidad no son controlados de forma efectiva por el Estado por su poder político y de número. En el caso de las cooperativas auríferas sólo aportan el 3% de regalías al fisco, aunque los dirigentes de este sector señalan que generan empleos y movimiento económico, pero la mayoría son precarios.
Según datos oficiales, las exportaciones de oro bruto en 2025 alcanzaron los $us 1.183 millones; sin embargo, el año anterior se exportó 30 toneladas métricas (Tm) de oro al exterior de forma ilegal por un valor de $us 3.000 millones. Si se realiza la suma de ambas cifras ($us 3.183 millones) sobre la base del 3% de regalías se tendría un monto de $us 95,4 millones, lo cual demuestra que se requiere un control efectivo del Estado sobre esta área.
El Artículo 323 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, transparencia, proporcionalidad, sencillez administrativa, capacidad recaudatoria, universalidad y el control, los cuales no se cumplen con el caso de las cooperativas mineras auríferas porque su aporte tributario al Estado es minúsculo, pero cada fin de año se observa en redes sociales que se regalan autos cero kilómetros como se fuesen ramos de flores.
Estos errores gubernamentales se suman a los casos de la gasolina “basura”, la designación de funcionarios observados en el Ejecutivo, el caso de las 32 maletas, el avión siniestrado, las cajas fuertes de Marset o los decretos que libran de impuestos en favor de sectores empresariales, los cuales levantaron críticas y dudas. Empero, hasta el momento la gestión de Paz Pereira, no da señales de reactivación productiva y hay una escasez de dólares en la economía como producto del persistente déficit fiscal existente y el bajo nivel de las reservas internacionales netas (RIN) que hasta abril de 2026 alcanzaron los $us 3.706 millones.
En ese sentido, es notorio la falta de un plan económico y un equipo serio en el gobierno para aplicar las medidas que fueron anunciadas, que señalan que los errores que se cometen son el camino de la improvisación y la falta de un norte. A esto se suma el incumplimiento de las promesas electorales que causaron que los sectores movilizados no solo pidan gasolina de calidad o aumento salarial, sino la renuncia del jefe de Estado, debido a que ya no se sienten representados por el gobierno.
Por tanto, se plantea que el tratamiento impositivo con relación a los mineros cooperativistas auríferos sea revisado con el fin de que su aporte al fisco sea en proporción a las utilidades que generan. No puede ser que un profesional independiente pague más con relación al 3% de este sector. Para este cometido, la CPE establece el principio de la proporcionalidad y la transparencia que debe ser aplicado por medio de la aprobación de una ley en el Legislativo y su respectiva promulgación por el Ejecutivo.
El crear bonos para un sector a título de conmemorar el Bicentenario contradice la posición gubernamental con relación a que el Estado no “tiene plata”. Se pone entredicho la confianza que se tiene en el gobierno, lo cual debilita su legitimidad social.
Las autoridades del Estado deben ser cuidadosas con el manejo financiero, lo cual no existe en el gobierno de Paz al decidir que para los mineros cooperativistas habrá diésel subvencionado a Bs 3,72 el litro, lo cual no ayuda para bajar el déficit fiscal. Además, se viola el principio constitucional de “equidad” porque para unos habrá diésel subvencionado y para otros a precio internacional.
Las decisiones equivocadas por la gestión de Paz no solo generan inseguridad y falta de certeza económica en la población, sino un desánimo en el sector productivo porque si un sector amenaza con movilizaciones puede lograr en las negociaciones con el gobierno la condonación de sus deudas al Estado, subvención a los carburantes que consume o bonos. Esto confirma que la gestión de Paz requiere con urgencia un plan económico serio que señale qué país se quiere, lo cual no existe en la actualidad
