RPK Noticias 
4
Por Martin Moreira
Forma parte de la Red de Economía Política boliviana
Bolivia puede estar entrando en una etapa que recuerda algunos de los rasgos más controvertidos de las experiencias de ajuste aplicadas en otros países de la región, particularmente Ecuador: un Estado que enfrenta una crisis fiscal y cambiaria, un programa de estabilización que coloca buena parte del costo sobre la economía interna y una creciente dependencia del financiamiento externo. Y ahí se gobierna con puro estado de sitio, mientras el FMI hace de las suyas con las materias primas estratégicas y el estado de sitio solo sirve para reprimir al pueblo, pero no para enfrentar a las crecientes bandas delictivas, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, entre otras formas de criminalidad. La comparación no significa que Bolivia vaya a repetir mecánicamente la historia ecuatoriana: dos estados de sitio, un FMI que quiere las materias primas estratégicas y un ajuste que genera desempleo y, por ende, una delincuencia creciente. Pero sí permite plantear una pregunta incómoda: ¿estamos frente al comienzo de un modelo donde el ajuste se descarga sobre los sectores vulnerables, mientras los grandes actores económicos preservan o amplían sus márgenes?
FMI, ajuste para los más vulnerables y concentración de las divisas
El Fondo Monetario Internacional plantea un ajuste que termina recayendo sobre los sectores más vulnerables, mientras las élites exportadoras, particularmente las mineras, continúan creciendo sin necesariamente traer sus dólares a Bolivia. Al mismo tiempo, se amplía el estado de sitio por 90 días, lo que evidencia la incapacidad del Gobierno para promover políticas económicas reales que atiendan el problema social. Por el contrario, para contener el dólar se contrae la economía, se encarece el crédito y aumenta la informalidad como consecuencia del desempleo.
Este parece ser apenas el principio. Con la ampliación del estado de sitio, pueden profundizarse los márgenes de desigualdad, generando mayores niveles de desempleo y, por ende, pobreza e informalidad. Y cuando una economía expulsa trabajadores hacia la informalidad, aumenta también la vulnerabilidad social y pueden generarse condiciones para el crecimiento de la delincuencia y de estructuras delictivas organizadas.
Bolivia corre así el riesgo de reproducir algunos de los rasgos que se han observado en otros países de la región, particularmente Ecuador: un Estado debilitado fiscalmente, medidas de ajuste que trasladan buena parte del costo a la población y una creciente dependencia de organismos financieros internacionales. El problema no es solamente cuánto dinero puede conseguir el país, sino bajo qué condiciones, para qué se utilizará y quién terminará pagando el costo de ese financiamiento.
En este contexto aparece el crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. La pregunta central es dónde terminará ese dinero. De acuerdo con la explicación expuesta, los recursos ingresarían al Tesoro General de la Nación (TGN) y tendrían carácter de libre disponibilidad. Eso significa que podrían utilizarse para diferentes obligaciones: sueldos y salarios, importación de carburantes o incluso para intervenir en el mercado cambiario.
El cálculo presentado permite dimensionar la presión sobre esos recursos. Entre noviembre y diciembre, los sueldos y salarios representarían aproximadamente 3.000 millones de bolivianos, mientras que, sumando el aguinaldo, el monto alcanzaría aproximadamente 9.000 millones de bolivianos. Si de los 19.000 millones de bolivianos equivalentes al crédito del FMI se destinan esos recursos, quedarían alrededor de 10.000 millones de bolivianos. A ello se suma una deuda de 452 millones de dólares por servicio de deuda y la necesidad de financiar la importación de carburantes.
De esta manera, el crédito corre el riesgo de ingresar fundamentalmente como gasto y obligaciones inmediatas, y no como inversión productiva en salud, educación o infraestructura, como se había planteado. Incluso una parte de esos recursos podría terminar destinada al pago de consultores vinculados al proceso de ajuste previsto para enero.
El problema se vuelve todavía más complejo si se considera que el TGN necesita recursos para cubrir obligaciones acumuladas. En ese contexto también aparece la aprobación de un crédito de 500 millones de dólares para la renta de dignidad, mientras persisten las necesidades de financiamiento del Estado. La discusión, por tanto, no es solamente sobre conseguir los 1.900 millones de dólares, sino sobre si esos recursos permitirán reconstruir la capacidad productiva del país o simplemente servirán para cubrir el agujero fiscal y financiero de corto plazo.
A esto se suma el problema cambiario. El régimen de dólar flexible implementado por el Banco Central de Bolivia debería haber tenido capacidad para incidir sobre el mercado cambiario, pero la flexibilización se produjo sin todas las condiciones necesarias para que pudiera funcionar de manera efectiva.
La situación se vuelve más compleja cuando se observa quiénes participan realmente en el mercado de divisas. Estamos ante lo que puede describirse como un oligopolio bilateral, con pocos actores capaces de mover cantidades importantes de dólares. Si uno de estos actores demanda una mayor cantidad de divisas, puede modificar significativamente el precio, especialmente cuando no existe una base económica suficientemente sólida que explique una reducción tan drástica del tipo de cambio.
En Bolivia, determinados sectores —particularmente la banca y los grandes exportadores— concentran una parte importante del poder económico sobre las divisas. Unos venden, otros compran y otros posteriormente subastan o colocan esos dólares entre los importadores. Esto genera un mercado altamente concentrado, donde pocos actores pueden incidir sobre la formación del precio.
El dato mencionado sobre una operación de más de 15 millones de dólares, equivalente al 43% del movimiento, permite dimensionar el grado de concentración existente. Si un solo actor puede mover una proporción tan significativa de las operaciones y contribuir a modificar el tipo de cambio, queda planteada la pregunta sobre cuántos actores están realmente determinando el precio del dólar en Bolivia.
Por eso, el tipo de cambio de Bs 9,83 no necesariamente representa una transformación estructural de la economía boliviana. Puede ser el resultado de operaciones puntuales entre actores privados —entre bancos y exportadores—, además de factores logísticos, contratos futuros y otras operaciones comerciales. El problema aparece cuando ese precio coyuntural se presenta como si reflejara una nueva realidad económica consolidada.
La propia evolución del mercado paralelo muestra esa contradicción. Mientras se registra el dólar de Bs 9,83, el mercado paralelo vuelve a experimentar presión y aparecen cotizaciones diferentes: se menciona un dólar bancario de hasta Bs 13, una cotización de Bs 11,78 en el Banco Mercantil de Santa Cruz y valores en las calles de aproximadamente Bs 11,20 a Bs 11,25.
La diferencia entre esas cotizaciones muestra que el problema cambiario no está resuelto. Depender de pocos actores para determinar el precio de una moneda en una economía que necesita dólares para importar combustibles, bienes de capital, insumos y otros productos genera una enorme vulnerabilidad.
Mientras tanto, el ajuste promovido bajo la lógica del FMI plantea una combinación de mayores impuestos, reducción o eliminación de subvenciones y una eventual reestructuración o venta de empresas públicas, medidas que pueden trasladar una parte importante del costo de la estabilización hacia los hogares y sectores de menores ingresos.
El riesgo es que el ajuste termine convirtiéndose en un círculo vicioso: menor capacidad de consumo, menor actividad económica, encarecimiento del crédito, menor inversión, desempleo, crecimiento de la informalidad y aumento de la pobreza. Y mientras la economía interna soporta ese costo, sectores exportadores pueden continuar beneficiándose de la generación de divisas sin que necesariamente exista un mecanismo suficiente para garantizar su retorno al país.
El debate, entonces, no debería reducirse a cuánto sube o baja el dólar en una jornada. La verdadera discusión es quién controla las divisas, quién determina su precio, quién se beneficia de ellas y quién termina pagando el costo del ajuste.
Si el Estado responde a la crisis únicamente mediante decretos, restricción social y ajuste sobre la demanda interna, mientras depende de financiamiento externo para cubrir sus obligaciones inmediatas, el problema estructural seguirá intacto. La estabilización cambiaria no puede sostenerse indefinidamente sobre la contracción de la economía y el sacrificio de los sectores más vulnerables.
Y allí aparece nuevamente el riesgo de una experiencia similar a la de otros países de la región: un Estado que pierde capacidad fiscal, un programa de ajuste que reduce el espacio de la política económica y un FMI que condiciona el financiamiento a reformas estructurales, mientras empresas transnacionales encuentran oportunidades para participar en sectores estratégicos y recursos naturales.
El desafío para Bolivia no es simplemente conseguir dólares. Es generarlos, hacer que regresen al país y utilizarlos para reconstruir la capacidad productiva. Sin resolver ese problema, cualquier reducción coyuntural del dólar puede terminar siendo apenas una pausa dentro de una crisis cambiaria, fiscal y social mucho más profunda. #FMI #dólares #AjusteEconómico #Ecuador #Pobreza #Delincuencia #RodrigoPaz #Economía
